Los Clubes quedarán indefensos por la supresión de las competencias del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD)

Tribunal Administrativo del Deporte (TAD)

El TAD dejará de resolver los recursos interpuestos frente a las resoluciones federativas sobre infraccionas cometidas durante el transcurso de la temporada.

Un Club tendría que acudir a la jurisdicción civil para recurrir las sanciones impuestas por la Federación.

ProLiga, que pidió en junio todo lo contrario, reforzar el TAD, presentará alegaciones al Proyecto de Ley del Deporte.

Tras la lectura en detalle del nuevo Proyecto de Ley del Deporte impulsado por el Ministerio de Cultura y Deporte a través del CSD, ProLiga muestra su elevada preocupación, especialmente, con la supresión de competencias del TAD, quien dejará de conocer, en caso de que se apruebe la propuesta de Ley, los recursos que hasta la fecha se venían interponiendo frente a las resoluciones que venían dictando los órganos disciplinarios federativos imponiendo sanciones por infracciones cometidas durante los partidos y que figurasen en el acta o en sus correspondientes anexos.

ProLiga presentó el pasado mes de julio, alegaciones al borrador de Anteproyecto de Ley del Deporte, mostrando su disconformidad con la retirada de competencias, solicitando, en su lugar y que supone todo lo contrario, la reestructuración de dicho organismo administrativo:

  • Creación de un Tribunal Administrativo del Deporte con dedicación exclusiva de sus componentes y carácter diario y regular de sus funciones.
  • Distribuido en secciones o en disciplinas deportivas.
  • Miembros “ad hoc” según la disciplina deportiva.

ProLiga considera que lo contenido en el texto del proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros, en el sentido de tener que acudir a la jurisdicción civil para recurrir las sanciones impuestas por las federaciones deportivas como consecuencia de infracciones de las reglas del juego y la competición, atenta gravemente al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva causando indefensión, pues debe tenerse en cuenta, además, la singularidad propia del régimen disciplinario deportivo, como es la ejecución inmediata de las sanciones disciplinarias.

Lo anterior, además supone acudir a una jurisdicción con procedimientos más largos en el tiempo, por lo que cuando quiera que se dicte resolución será ya demasiado tarde y no servirá de nada; además de incurrir en costes que podrían ser inasumibles para muchos clubes, como son las tasas procesales, honorarios de abogado y procurador y condena en costas en el supuesto de que no prospere la reclamación.

A la vista de lo anterior, ProLiga presentará las alegaciones correspondientes al Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno e iniciará la correspondiente ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios, al objeto de manifestar su preocupación con la supresión de dicho órgano revisor de las resoluciones de la RFEF y solicitándoles el apoyo para que presenten la pertinente enmienda al citado que corrija este grave problema de indefensión.

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