La modificación del Reglamento General de la RFEF limita derechos fundamentales al fútbol modesto

ProLiga

ProLiga ha impugnado ante el CSD las modificaciones del Reglamento General de la RFEF al entender que atentan gravemente contra derechos constitucionalmente reconocidos de los Clubes.

La RFEF se arroga competencias y finalidades que no tiene reconocidas a tenor de la vigente Ley del Deporte.

Adicionalmente, ProLiga se dirigirá al Defensor del Pueblo, Ministerio de Trabajo, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como a los distintos Grupos Parlamentarios.

En el día de ayer, la Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEF aprobó diversas modificaciones y añadidos al Reglamento General que confrontarían con derechos constitucionalmente reconocidos como es el de la libertad de asociación y la libertad de empresa, quedando perjudicados, gravemente, los derechos e intereses de los Clubes y su capacidad de rentabilización económica.

Es por ello que ProLiga, como Patronal de los Clubes de fútbol no profesional y que, actualmente, representa a más de 240 entidades, ha impugnado esta modificación del Reglamento General, al entender que, difícilmente, la RFEF puede erigirse como representante de los Clubes en negociaciones colectivas, existiendo un claro conflicto de intereses, al no estar la RFEF integrada únicamente por los Clubes, sino, entre otros, por deportistas, técnicos, jueces, árbitros, etc.

Además, la Ley del Deporte no establece, entre las funciones de la RFEF, ni la representación de los Clubes de fútbol, ni la defensa de sus intereses de forma colectiva o individual. De esta forma se estaría extralimitando en sus funciones y la RFEF podría estar actuando como una organización empresarial “encubierta”.

ProLiga tampoco puede aceptar que, con estas modificaciones, se imponga como requisito para la participación en la competición la obligatoriedad de comunicar acuerdos, pactos, convenios o contratos de cualquier naturaleza celebrados entre Clubes, excluyendo en este caso los acuerdos de filialidad o transferencias y cesiones de futbolistas. Algo que podría ir en contra de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales.

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